2024 en Bolivia: el momento de desarticulación hegemónica

 Fernando Molina

 

 

 

Nota Siguiendo a Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, en este documento entenderemos la política como un espacio de antagonismos entre estructuras discursivas. Estos discursos constituyen identidades políticas. El antagonismo se produce, entonces, en última instancia, entre identidades políticas en lucha por la hegemonía, es decir, por lograr el consentimiento de la sociedad a una determinada estructura discursiva (que es principalmente consensual, con pocos elementos coercitivos, pero que no los descarta en ciertas condiciones). Este enfoque metodológico se aparta de la visión liberal de la política como un campo sin procesos hegemónicos, en el que prima la cooperación y el poder está ampliamente distribuido.  El consenso hegemónico requiere y equivale a la articulación de las demandas que plantea la sociedad en cada coyuntura en torno a: i) un aparato de resolución institucional de las demandas (institucionalismo) o ii) un “nombre” que simboliza la resolución de las demandas, como por ejemplo “Perón”, “Trump”, “Chávez”, “Le Pen” o “Evo” (populismo). La hegemonía, entonces, puede ser institucionalista o populista, aunque en la práctica siempre sea una mezcla en diferentes dosis de ambas cosas, de institucionalismo y populismo.  Cuando posee hegemonía, una identidad política articula a gruesos sectores de la población tras ella. Esta articulación constituye una identidad política ampliada, es decir, un “pueblo”.

 

 Bolivia está viviendo el final de uno de los ciclos hegemónicos más dinámicos y fuertes de su historia, que comenzó a principios de siglo con los levantamientos populares de 2000 (“guerra del agua”), 2003 (“guerra del gas”) y 2005 (“caída del presidente Mesa”). Durante este ciclo, la hegemonía fue el resultado de la articulación de demandas nacional-populares e indianistas en torno al significante de la “nacionalización”, y la paralela conformación de una identidad política claramente delimitada y mayoritaria: el “pueblo anti neoliberal”.[1]  

Tres cuerpos políticos fueron los titulares de la hegemonía de la que estamos hablando: dos eran componentes del aparato del Estado: el presidente Evo Morales como tal y sus equipos gubernamentales y parlamentarios de los tres niveles estatales; el tercero era un aparato ideológico de Estado: el partido/organización social MAS. Este último suministró el núcleo de los contenidos ideológicos del ciclo, que correspondieron con su naturaleza sindical-corporativa: centralmente, el nacionalismo extractivo, es decir, el capitalismo de Estado como fórmula para impedir la fuga de la renta del subsuelo de la economía boliviana. A ello se le sumó la definición de un nuevo sujeto de la revolución: “los pueblos indígena originario campesinos”. Y una relación sui géneris, pero real, con las libertades democráticas y el voto. Así se renovó la herencia ideológica de la Revolución Nacional. 

La hegemonía política y social en Bolivia siempre ha tenido un aspecto personal: es, primero que nada, la hegemonía de un “caudillo” sobre las redes de jefes intermedios y dirigentes del común. La estructura invisible del sistema político boliviano está constituida por estas redes. El aspecto formal del sistema esconde esta estructura, excepto por su fuerte presidencialismo. 

La hegemonía Evo-antineoliberalismo duró una década y media porque pudo resolver de manera institucionallas demandas sociales que emergieron en este periodo apoyándose en la enorme renta que controlaba, la del gas, uno de los flujos de excedente más cuantiosos de la historia boliviana. También hubo una voluntad consciente de atender estas demandas, aunque no siempre se las identificara bien ni se lograra responder a ellas de manera eficaz. 

Tales “demandas atendidas” fueron la participación indígena y popular en el campo político; la distribución de la renta a favor de los sectores sociales representados por el MAS, aunque también de otros grupos, y la movilidad social ascendente de grupos económicos y sociales de origen indígena (contrabandistas, cooperativistas mineros, productores de coca, etc.) que, a lo largo del último medio siglo, se han ido constituyendo en los espacios grises entre la legalidad y la ilegalidad, allí donde sus capitales étnico-raciales (como el trabajo familiar y la auto-explotación) tenían más valor y, simultáneamente, donde pesaba menos la desvaloración racista de su proveniencia familiar. 

Este ha sido un ciclo hegemónico inédito, en la medida en que ha logrado asentimiento mayoritario al prolongado gobierno de un elenco de actores que habían estado apartados de las funciones de representación y decisión política del país porque eran indígenas y plebeyos. 

Su ascenso al poder no hubiera sido posible sin varias décadas de democracia, sin los procesos de modernización económica y social que vivió el país desde 1952, y sin las características singulares de la población boliviana, mayoritariamente indígena-descendiente, muy organizada y (por el racismo ancestral) relativamente poco mediada y penetrada ideológicamente por los grupos elitistas tradicionales. 

Al mismo tiempo, por estas mismas razones, la irradiación cultural de la hegemonía social y política masista ha sido mínima. El aparato cultural (universidades, instituciones culturales, medios de comunicación) nunca ha dejado de estar en manos de la élite tradicional del país. La hegemonía masista, que tuvo fuerza para construir una institucionalidad  propia basada en la Constitución de 2009, no pudo, sin embargo, alterar los códigos culturales euro centristas y USA centristas, anti indígenas, jerárquicos y conservadores que controlan la reproducción del orden social boliviano.    

La hegemonía masista también ha sido débil en Santa Cruz, donde enfrentó la competencia de una élite y su ideología, el cruceñismo, que son hegemónicas a nivel regional. Y ha sido resistida en los bolsones liberales de la clase media tradicional. 

 

 

 

 

[LA DESARTICULACIÓN]

 

La situación en la que estamos actualmente es la inversa a la que acabamos de describir: en el fin del ciclo, bajo el liderazgo de Luis Arce, se está dando un creciente incumplimiento de las demandas que emergen de las nuevas condiciones históricas y, por tanto, se produce la desarticulación del “pueblo masista” que se había formado en las décadas previas. Este tiende a fragmentarse y, también, a rearticularse en alianzas pragmáticas en torno a interés materiales inmediatos. Las demandas insatisfechas y estas rearticulaciones aceleran la descomposición hegemónica en curso y serán la materia prima de nuevas configuraciones hegemónicas. 

Las “nuevas condiciones históricas” que hemos comenzado a vivir y que generan demandas que no es posible satisfacer dentro del modelo de hegemonía vigente son las siguientes: 

 

·      La imposibilidad de que Evo Morales reconstituya un liderazgo parecido al que tuvo en el pasado. La desarticulación del ciclo hegemónico masista ha sido, sobre todo, la desarticulación de la hegemonía de Morales. Esta no solo se ha debido al hecho de que su liderazgo haya sido desafiado por Arce, sino también a que su obsesión reeleccionista bloqueó las demandas democráticas (alternancia, pluralismo) planteadas por la clase media tradicional y parte de la clase media no tradicional o de origen indígena desde el 21F (2016) hasta su derrocamiento en noviembre de 2019. Esto no significa que Evo Morales no pueda volver a ser presidente, solo que, en ese caso, lo sería en condiciones no hegemónicas. 

·      La división de los cuerpos políticos que encarnaban la hegemonía (los equipos gubernamentales y parlamentarios, el partido) por la disputa de liderazgo entre dos caudillos, Evo Morales, apartado a la fuerza del poder en 2019, y Luis Arce, que se convirtió inopinadamente en caudillo máximo al asumir como presidente del Estado. De este modo, están quedando crecientemente insatisfechas las demandas de acceso al poder –y sus gratificaciones– de una parte del “pueblo masista”. Por ejemplo, por la inhabilitación de Evo Morales de las elecciones de 2025, que impide el retorno de los cocaleros al poder.  

·      El fracaso del modelo construido en torno a la nacionalización de los recursos naturales en impedir la salida del excedente –su principal promesa–, que se reveló con la volatilización de las reservas de divisas en febrero de 2023. Por esto ya no es posible responder a las demandas de crecimiento acelerado del PIB, aumento del dinamismo del mercado y ampliación del consumo; en una palabra, las demandas asociadas a la modernización o el desarrollismo nacionales, que se exacerbaron durante la bonanza. Al quedar estas demandas insatisfechas, se genera malestar social y, sobre todo, desencanto ideológico, lo que, a su vez, contribuye a la desarticulación hegemónica. 

·      La drástica caída de la renta de los recursos naturales, que –en un proceso que no ha hecho más que comenzar– impedirá resolver las demandas económicas y rentistas (de bonos, ingresos municipales y universitarios, plazas laborales y capitales que financien las actividades económicas informales). También causará la disminución de la capacidad media de compra del mercado interno y el deslizamiento hacia abajo del bienestar general de la población. Volverá a aumentar la pobreza y la desigualdad. Potencialmente, las demandas económicas insatisfechas escalarán hacia el nivel político y se articularán en torno a nuevos significantes como “cambio” –que también puede ser “retorno al tiempo de Evo”– y generarán nuevas identidades políticas, que procurarán tornarse hegemónicas. 

·      La implosión, por el cisma del MAS, de la institucionalidad construida durante el ciclo hegemónico: la desnaturalización de la Constitución por medio de fallos favorables y contrarios a la reelección; el acoso y derribo de la Asamblea Legislativa, la mutilación de sus facultades por parte del Órgano Judicial, que ha suspendido las interpelaciones del Legislativo al gabinete; el uso faccioso de la judicatura y de las Fuerzas Armadas; el debilitamiento del Tribunal Electoral, etc. Este desolador panorama impide que el sistema político reciba y procese de manera eficaz las demandas de tipo institucionalista de los bolivianos: leyes, préstamos extranjeros, cumplimiento de los tiempos máximos de gestión judicial, sanción justa de las conductas penales, etc. 

·      Cambios en la polarización MAS-anti MAS, que expresa el antagonismo entre la élite tradicional y la contra-élite plebeya por la conducción del país. La polarización más intensa se dio en los dos puntos liminares del ciclo hegemónico: entre 2003-2009, que fue una polarización de resistencia de la élite ante el cambio que encarnaba el presidente Morales, y entre 2016 y 2022, que fue una polarización ofensiva de la élite en un momento de debilitamiento del dominio masista por la crisis de la reelección. Sin desaparecer, la polarización ha menguado después de la derrota de la oposición en el “paro cruceño de los 36 días” de octubre-noviembre de 2022 y la detención de su líder, Luis Fernando Camacho, a fines del mismo año, que ha llevado a la ruptura interna del movimiento cívico cruceño, uno de los polos; y tras la implosión del MAS, es decir, del otro polo. El momento que vivimos puede describirse como uno de transición desde la polarización hasta la fragmentación, lo que corresponde con nuestra caracterización del periodo como de desarticulación hegemónica.  

·      La pérdida de hegemonía que estamos describiendo ha limitado seriamente la capacidad de imposición consensual del Ejecutivo. Existe una profunda desconfianza de la población respecto del gobierno, que impide que las autoridades del Ejecutivo tomen decisiones de cierta envergadura o impongan sus planes de gestión (por eso retrocedieron varias veces ante los amagos de protestas de diversos sectores populares contra los proyectos de ley de ganancias ilícitas, de mejoras a la jubilación, de reestructuración del Registro Civil, etc.) 

Para lograr sus objetivos, Arce tendría que recurrir al aparato coercitivo del Estado, que nunca ha estado completamente en manos masistas (lo prueban las insubordinaciones de los comandos militares en 2019 y 2024. El dominio del MAS sobre la Fuerzas Armadas ha sido legal-formal, pero no consensual). 

 

[EL PÉNDULO]

 

El fracaso del modelo de nacionalismo extractivo en la tarea de tapar los huecos a través de los cuales se ha evadido la renta de los recursos naturales y, al mismo tiempo, la caída de esta renta, son dos componentes principales de la desarticulación hegemónica en curso. 

Ambos están activando el “péndulo boliviano”: un desplazamiento dentro del característico ciclo nacionalización-reprivatización-renacionalización, el cual responde al extractivismo histórico del país. Cuando la renta sube, aparecen estímulos para la nacionalización; cuando cae, para la privatización. Cada salida es más interesante que la otra para determinados sectores sociales: la burguesía y la clase media alta, conectadas a los flujos internacionales de capital, ganan más con el tramo privatizador; las clases media media y media baja, operadoras de las burocracias internas, aprovechan más el tramo nacionalizador. 

Un síntoma clave de este giro es el debilitamiento de los discursos nacionalistas y estatistas, que se refieren a la captura y redistribución de una renta ya inexistente, y el paralelo fortalecimiento de los discursos liberales y privatistas, que se refieren a la generación de una nueva renta por medio de la inversión y la conducción tecnocrática –posiblemente extranjeras– de una nueva industria extractiva. El neoliberalismo puede argüir en su favor un nuevo fiasco estatista. 

En los próximos años y décadas vamos a movernos hacia la reprivatización, seguramente “innovadora”, de la industria extractiva hoy nacionalizada (gas y litio). Pero esta marcha puede detenerse si se descubren nuevos yacimientos (como pudimos ver en semanas pasadas tras el anuncio presidencial de que el pozo Mayaya Centro X1 había tenido éxito). Los descubrimientos de recursos pueden cambiar la correlación de fuerzas entre el nacionalismo extractivo y la reprivatización. La tendencia que predominará todavía no se ha definido completamente y esto abre otro espacio de incertidumbre política. 

 

 

[EL AJUSTE]

 

Cada periodo de caída de la renta de los recursos naturales genera la necesidad de ajustar los objetivos de desarrollo que se venía persiguiendo, y el ritmo de la actividad económica, a fin de adecuarlos a la situación de escasez y mayor precariedad. 

El ajuste puede hacerse a costa de los ricos, por ejemplo dictando el control estatal del comercio exterior para impedir cualquier nueva salida del excedente. Pero, como vimos en la última negociación entre el gobierno y los empresarios, es muy difícil que el MAS tome medidas tan importantes en un periodo de desarticulación de su hegemonía. 

El ajuste también puede realizarse a costa de los pobres, por ejemplo con una suspensión general de los subsidios, un aumento brusco de los combustibles, un congelamiento de los bonos sociales, una devaluación “realista”, etc. A diferencia de lo que ocurrió en Argentina en 2023, en Bolivia no existen condiciones sociales para este tipo de salida. Es previsible que la mayoría de los bolivianos decidan mantener la subvención de la gasolina especial y del diésel que se les pedirá eliminar en el referendo convocado para el 1 de diciembre. Con ello, las posibilidades de un ajuste radical en este campo disminuirían.

El ajuste, finalmente, puede hacerse de forma gradual y combinando medidas que pasen la factura a los ricos y a los pobres. Este parece ser el camino más probable en nuestro país. Una encuesta señala que el 65% de la población apoya este tipo de salida. 

Lo que no puede ocurrir es que no haya ajuste, porque eso significaría el descontrol de la economía. La ilusión de su reelección desincentiva al presidente Arce para actuar con objetividad frente a la crisis y tomar las decisiones difíciles antes de que los problemas de agraven más. Su esperanza es que la situación no empeore demasiado, pero quizá esto resulte imposible. Es difícil tener certezas al respecto. Lo cierto es que las medidas anunciadas por Arce el 6 de agosto y las que emerjan del referendo seguramente no harán mella en los fundamentos de la crisis.  

A largo plazo, la estrategia de Arce puede jugar contra la izquierda. Mientras más se agrave la crisis, más posibilidades habrá de un “ajuste de shock”, que es el que impulsan los partidos más polares respecto al estatismo. Por tanto, se incrementarán las posibilidades de que el modelo estatista desaparezca. 

Por otro lado, el ajuste puede ir o no acompañado de reformas legales e institucionales que recuperen el funcionamiento normal de la democracia. Estas reformas también pueden ser más o menos radicales, más o menos graduales. Las combinaciones entre las distintas alternativas económicas y políticas son numerosas.  

El pronóstico ulterior sobre la salud y la orientación de la democracia boliviana dependerá del tipo de ajuste que se dé y de la reacción popular al mismo. Estos hechos, a su vez, estarán determinados por el alcance del deterioro de la economía en el tiempo que nos separa hasta que el ajuste se ejecute finalmente. 

Si las cosas no se precipitan previamente, esta será la gran cuestión que diriman las elecciones de 2025: qué ajuste habrá e, implícitamente, la reacción que el mismo pueda causar. 

Sin embargo, estamos entrando en una campaña electoral en la que esta cuestión no podrá ser tratada abiertamente por los principales candidatos, por motivos obvios. Solo en condiciones extremas, que no son las bolivianas, se puede llegar al poder prometiendo la realización de un ajuste. Habrá, entonces, el fenómeno freudiano de la condensación: cada uno de las candidaturas ofrecerá “resolver la crisis”. Ahora bien, este lema condensará determinaciones diversas: ajuste de shock o gradual, acuerdo o desacuerdo con el FMI, reformas institucionales o no, y las combinaciones entre estas posibilidades. 

 

 

[DISPOSITIVOS ESTRATÉGICOS]

 

Arce ha armado un dispositivo estratégico para continuar en el poder, que consiste en posponer lo más posible el estallido de la crisis, disimular sus efectos, entregar espacios cada vez más grandes de decisión a las organizaciones sociales, que por eso lo apoyan, sacar a Morales de la competencia por medio del referendo. (Durante un tiempo el gobierno pensó que para lograr esto le bastaría su control de los jueces; por eso impidió activamente que hubiera elecciones judiciales. Después, presionado por la percepción negativa de la población sobre la auto-prórroga de los magistrados, por su carencia en el parlamento de la fuerza que necesitaba para resistir la convocatoria a elecciones judiciales y por la necesidad de un referendo para legitimar el bloqueo judicial de la candidatura de Evo Morales, cambió de opinión. Su representante en la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, permitió dichas elecciones. Al mismo tiempo, la inhabilitación definitiva de Evo pasó a depender del referendo). 

El dispositivo arcista es frágil. Como ya dijimos, su esperanza de que la situación económica no empeore demasiado quizá falle. El referendo, tal como está planteado, puede ser viento que convoque tempestades. La amenaza de inhabilitación de Morales puede impulsar a este a adelantar e intensificar la ejecución de su propio dispositivo para retomar el poder. La pregunta sobre la distribución de escaños de diputados, aunque apunte a desactivar los conflictos regionales, puede terminar detonándolos. El que se trate de hecho de un referendo constitucional, pero sin participación de la Asamblea Legislativa, genera un cuestionamiento a su legitimidad. 

Evo necesita bloquear la realización del referendo, que podría significar el final de su carrera política, mediante los mecanismos jurídicos y parlamentarios que estén a su alcance. Morales también requerirá debilitar a Arce todo lo posible a fin de impedir su inhabilitación (de ahí la posibilidad de que intente convertir el referendo en un plebiscito contra Arce). No está claro si tendrá la fuerza necesaria para lograrlo y, en caso contrario, el alcance de las implicaciones de su acción en la gobernabilidad. 

En las condiciones de extrema debilidad de Arce, el socavamiento evista de su referendo y su gobierno podría facilitar el retorno de la derecha al poder, tal como ocurrió tras los ataques radicales contra los presidentes progresistas Torres, en los 70, y Siles Suazo, en los 80.  

En cuanto a la oposición tradicional, esta busca aprovechar las condiciones ideológicas y políticas creadas por el fracaso del nacionalismo extractivo y por la necesidad de un ajuste más serio de la economía de lo que ninguna de las fracciones masistas está dispuesta a aceptar. Su suerte electoral dependerá de la velocidad y la profundidad del deterioro de la situación económica, es decir, de la urgencia que adquiera este tipo de ajuste, y de las vicisitudes de la pelea intra masista, sobre todo de la suerte de Evo Morales, que hoy es el personaje político con más intención de voto del país, aunque también con unos techos electorales bajos. 

Los observadores perciben que el principal problema de la oposición tradicional es la fragmentación. Sin embargo, en un sistema electoral como el boliviano, que posee segunda vuelta, la fragmentación no necesariamente impide que alguno de los candidatos de este grupo gane las elecciones; lo que sí imposibilita es que conforme un gobierno fuerte, y esto último es algo que tampoco los candidatos masistas lograrían en las circunstancias políticas presentes.

El próximo gobierno, entonces, sea cual fuere, será débil, dependerá de la creación de coaliciones parlamentarias, enfrentará tareas económicas de difícil cumplimiento, así como grandes desafíos a su gobernanza y estabilidad (la reacción popular al ajuste, la debilidad de la economía, la lentitud de la recuperación del extractivismo, el sabotaje de las organizaciones sociales que no logren entrar en el nuevo esquema de poder, la resistencia de las clases medias a la continuidad masista, si este fuera el caso; la venganza de Morales en caso de ser inhabilitado, etc.) El próximo gobierno, entonces, no dejará de ser parte de la transición hegemónica. Al mismo tiempo, de él dependerá que el país encuentre, finalmente, la forma de acabarla. 

 

 

[TENDENCIAS FUTURAS]

 

En resumen, este documento plantea que vivimos un momento de transición entre una configuración hegemónica conocida y otra cuyas características dependerán de cuánto deje el actual gobierno deteriorase la economía y de las medidas que se tomen finalmente para resolver la crisis. Vivimos también, simultáneamente, una transición entre el tramo nacionalizador y el tramo privatizador del ciclo extractivista boliviano. 

A los análisis de coyuntura se les suele exigir que, además de describir la situación, hagan un pronóstico, que imaginen los “escenarios” del futuro. Como se sabe, los positivistas creen que una anticipación de este tipo no puede ser científica. Por otra parte, los estructuralistas creen en la existencia de invariantes perdurables. En un punto intermedio entre estas dos corrientes, vamos a mencionar los fenómenos que se han presentado normalmente en los momentos de desarticulación de un modelo hegemónico en el país, con la advertencia de que no es una ley que estos tengan que repetirse. Tomaremos como referencia el periodo 1978 y 1985, en el que el poder militar vigente desde 1964 iba en retirada y se empezaba a desplegar el ciclo democrático, pero este aún no se había consolidado. Entonces se dieron los siguientes fenómenos: 

 

·      Fuerte fragmentación del sistema de partidos, es decir, de las redes caudillistas. Esto se debe a que el caudillismo es un sistema altamente competitivo. En ausencia de una institucionalidad que regule la distribución del poder, existen incentivos para que cada jefe trate de eliminar a los otros y evite colaborar con ellos. La única limitación de esta intensa competencia es la hegemonía de un caudillo principal, la cual no existe en este caso.

·      Alta “mortandad política” de los candidatos a sustituir al caudillo. Aparecen y rápidamente desaparecen múltiples proyectos de liderazgo.

·      Búsqueda de un nuevo caudillo principal a través de una elevada alternancia de líderes en el poder, sea por vía electoral o de facto, hasta que aparezca un nuevo hegemón.

·      Deterioro de la institucionalidad y descontrol de la gobernanza por la carencia de liderazgo y por el recrudecimiento de las disputas políticas y las protestas sociales. 

·      Profundización de la inestabilidad económica por la incapacidad del sistema político de desempeñar una gobernanza eficaz. 

·      Radicalización sindical y debilitamiento del sistema de mediaciones entre el Estado y el movimiento trabajador por la fuerza contestataria que generan las demandas no satisfechas. 

·      Protestas regionales y sectoriales por la caída de la parte de la renta de la que los gobiernos subnacionales y las instituciones autárquicas pueden disponer. 

·      En conclusión, desquiciamiento de la gobernabilidad del país.

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[1] La cohesión de esta identidad política, su práctica cotidiana dentro de las coordenadas amigo-enemigo, se debió al periodo histórico previo, los años 90, cuando los “príncipes neoliberales” desplegaron una liberalización extremada y fuertemente antipopular, que divergió de la “razón de Estado” propuesta por Maquiavelo para legitimar la acción política.